¿Sabías que las empresas se aprovechan del desconocimiento del trabajador para no pagar o pagar menos indemnización?

Existen diferentes formas de despido en nuestro ordenamiento jurídico, de los que podemos distinguir situaciones tan diversas como despidos procedentes, despidos objetivos, despidos improcedentes, despidos colectivos o expedientes de regulación de empleo (ERE).

 

Con independencia del tipo de despido ante el que nos encontremos, nuestro despacho de abogados especialista en laboral trazará la estrategia jurídica más acertada para la consecución de la máxima indemnización que por ley te corresponde.

 

Es importante ser conscientes de que, en caso de querer hacer cualquier tipo de reclamación al respecto, la ley establece un plazo de 20 días hábiles para hacer nuestras oportunas reclamaciones judiciales.

 

Asimismo, debemos indicar que una de las prácticas fraudulentas más comunes por las empresas es la realización de contratos temporales que no cumplen con lo establecido legalmente, por lo que en el momento del cese o extinción del mismo, ese despido podría ser considerado como un despido improcedente similar al de un trabajador indefinido.

 

Es por ello que te recomendamos que, en caso de que fuese este tu caso, te pongas en contacto cuanto antes con nuestro despacho de abogados.

 

En la mayoría de las reclamaciones frente al despido, se solicita la declaración del mismo como improcedente conforme a lo establecido en el artículo 56 del Estatuto de los trabajadores, que resulta cuando el despido no cumple con las formalidades legales o no existe una causa real o lo suficientemente grave que justifique el despido.

 

En caso de que el despido sea declarado como improcedente, el juez o tribunal correspondiente establecerá en su sentencia la obligación al empleador de indemnizar al trabajador conforme a la indemnización legal correspondiente, que actualmente se fija en una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades, o la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con abono de los salarios de tramitación dejados de percibir hasta la fecha de la efectiva readmisión.